Editorial

¿EDITORIAL?

Este próximo año los ciudadanos estamos llamados a renovar el conjunto de las instituciones democráticas que rigen nuestra vida en común. Una situación habitual en democracia que esta vez adquiere un valor especial porque, por primera vez desde la transición, concurrirán en estos comicios opciones políticas con posibilidades reales de gobernar que defienden una actualización de nuestro sistema democrático a través de la apertura de un proceso constituyente, ya sea esté en España o en Cataluña, y el anuncio de una nueva forma de hacer política en la cual la participación ciudadana y la transparencia de las administraciones públicas se convierten en el centro de un sistema pensado para facilitar la vida a la ciudadanía.

A nadie se le escapa que esta nueva situación ha venido propiciada por un contexto histórico en que nuestras instituciones, surgidas de la transición y en parte heredadas de la dictadura franquista, han perdido parte de su legitimidad democrática como consecuencia de la corrupción y los recortes sociales impuestos por instituciones internacionales sin legitimidad democrática (FMI, BCE, Troika) que tantas injusticias sociales están causando.

Pero al mismo tiempo que las propuestas de regeneración democrática se están convirtiendo en opciones políticas con posibilidades reales de construir una nueva hegemonía, las viejas fuerzas políticas que representan el sistema actual se cierran sobre sí mismas en un intento inútil para aislarse de la nueva realidad política y las consecuencias de sus políticas tradicionales, que en la mayoría de casos se incluyen dentro de una corriente política internacional de marcado carácter neoliberal. En este sentido, las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos han denunciado repetidamente que en los últimos años, en España, se han implementado políticas y reformas legislativas que limitan e incluso vulneran los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente y ratificados por España en diferentes tratados.

“Retrocesos en el acceso a la sanidad, la educación, la vivienda o la alimentación; restricciones a la libertad de expresión y de manifestación; aumento de casos de maltratos a personas inmigrantes; y las condiciones de las personas privadas de libertad son algunas de las cuestiones que se denuncian en el informe enviado a la Naciones Unidas para denunciar las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en el territorio español”. (http://goo.gl/p7xlsu)

Estas denuncias también afectan muy directamente al mundo de los archivos públicos. El más evidente y conocido es el que el Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiif, ha denunciado como carencias evidentes del Estado español en su capacidad para garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Dentro de esta problemática, el tema de las fosas comunas del franquismo y el acceso de los investigadores y los familiares de las víctimas de la dictadura a la información que conservan los archivos, para aclarar el pasado y pedir responsabilidades, es un tema central que permitiría desencallar el problema tan sólo con que es cumplieran los tratados internacionales que España ha firmado. Porque no se cumplen estos acuerdos es una muestra más de la deficiente calidad de nuestra democracia y de las rémoras de un pasado convulso que todavía pesa demasiado sobre las conciencias de los qué se erigieron en “ganadores”.

Y directamente relacionado con estos temas hay toda la cuestión de los, seguramente mal denominados, “papeles de Salamanca”, la devolución de los cuales al Archivo Nacional de Cataluña parece haber acabado, pero sobre los que se abren nuevas problemáticas como la demanda de regreso a Salamanca del gobierno español, de la documentación sin propietarios conocidos, o el descubrimiento de nuevos fondos en los archivos militares españoles que tendrían que seguir el mismo camino de regreso en Cataluña.

Otras problemáticas, igualmente graves, que afectan a los archivos españoles son el cierre de los archivos de los ministerios de Exteriores y Defensa por cuestiones “técnicas” que se alargan incomprensiblemente en el tiempo y que demuestran que las precarias inversiones públicas en el mundo de los archivos y la voluntad de ocultación de unos determinados fondos y el pasado que representan son cuestiones íntimamente relacionadas. Se evidente que, en todas estas problemáticas, los archivos tienen muchas respuestas que ofrecer a las demandas sociales de justicia, verdad y reparación y que estas se podrían implementar si en las instituciones democráticas existiera la voluntad política necesaria para hacerlo.

Pero además de la tradicional función de conocimiento del pasado y de posibilidades de demanda de responsabilidades que representan los archivos sobre los crímenes contra la humanidad, funciones que tendrían que ser propias de los archivos en toda democracia, los archivos y los archiveros pueden incidir en otra cuestión trascendental en la regeneración y la actualización democrática que se abre camino en nuestra sociedad y sobre el que este próximo año electoral será clave.

Y es que el trabajo de los archiveros y gestores documentales es imprescindible para garantizar una verdadera transparencia de las administraciones públicas y el acceso a la información de forma fiable y con posibilidades reales de reutilización de esta información en beneficio de la sociedad. Una cuestión que las últimas leyes de transparencia del gobierno español y catalán no tienen suficientemente en cuenta y que hacen que esta supuesta nueva “transparencia” sea, en gran parte, una falacia vacía de contenido. Así lo ha denunciado repetidamente la Asociación de Archiveros de Cataluña aportando, además, las herramientas y el marco necesario para corregir sus insuficiencias sin que, de momento, sus propuestas hayan recibido la atención que la cuestión merece por parte de los gobiernos. Sin duda, porque las implicaciones políticas de una transparencia real no interesan verdaderamente a los partidos políticos que tradicionalmente han gobernado, los cuales parece que quieren mantener oculto el funcionamiento interno de una administración dónde, muchas veces, han hecho y deshecho a su voluntad, como demuestran los casos de corrupción que inundan la vida pública en la actualidad.

Hoy en día, el control ciudadano y la transparencia real de las administraciones públicas son técnicamente posibles, pero en lugar de posibilitarlas se aprueban nuevas leyes de transparencia que, en verdad, están pensadas para mantener la opacidad y aparentar un lavado de cara que no sólo es insuficiente, sino que representa un claro retroceso en muchos aspectos. Y lo mismo se puede decir de los famosos portales de transparencia de la administración o Big Data que se vanaglorian de dar acceso a montañas de información desestructurada y sin, prácticamente, ninguna utilidad que se venden como la panacea de la transparencia democrática. Sólo un dato: “Según el ranking mundial de las mejores leyes de la transparencia que hacen la organización Access Info Europe y la canadiense Centro de la Ley y la Democracia, España se sitúa en la 64 posición mundial” (http://goo.gl/cuc2ed)

En este sentido, por lo tanto, igual que en la vertiente más historicista, la aportación de los archivos y los archiveros es clave en la regeneración democrática y en la construcción de un sistema de gobierno que realmente respete los Derechos Humanos y los defienda en su práctica cotidiana.

Todas estas cuestiones, que Archiveros sin Fronteras lleva denunciando desde hace años – participando en todos los manifiestos, campañas, denuncias, congresos en que se nos pide participar -, son todavía muy desconocidas por el conjunto de la profesión y sobre todo por la población en general. Hace falta, por lo tanto, mucha pedagogía al respeto y que los archiveros hagamos sentir nuestra voz para aclarar los problemas y aportar las soluciones técnicas que hoy en día existen. De aquí que las VII Jornadas de Archiveros sin Fronteras, que se celebrarán durante el otoño de 2015 en el Museo Marítimo de Barcelona, estarán dedicadas a tratar todos estos temas, como siempre, de forma totalmente gratuita y abierta al público.

Desde AsF creemos que es el momento de debatir sobre ¿Cuál es la situación actual de los archivos en nuestro país? ¿Qué rémoras del pasado que no nos permiten avanzar? ¿Cuáles han sido los adelantos y las carencias de los archivos en los últimos 35 años de democracia? Y, por encima de todas estas cuestiones, apuntar cuáles son las necesidades, presentes y de futuro, de los archivos dentro de una sociedad que se quiere realmente democrática y respetuosa de los Derechos Humanos.

En definitiva, la finalidad de estas VII Jornadas de AsF es pararnos a reflexionar sobre la altura del camino en que nos encontramos y qué herramientas legales, tecnológicas, materiales y humanas necesitan nuestros archivos para superar las carencias actuales y continuar avanzando hacia una sociedad más democrática y unas instituciones, realmente, más abiertas y transparentes.

Actualmente, estamos configurando el Comité Científico que dará forma a estas VII Jornadas de AsF i que tendrán por título: ARCHIVOS, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA. Rémoras, avances y necesidades de futuro de los archivos en democracia.

Durante los próximos meses, iremos anunciando los temas concretos que se tratarán en las Jornadas, los ponentes y los formatos de participación abiertos a los profesionales y al público, en general, pero de momento podemos avanzar que las VII Jornadas de AsF estarán divididas en dos sesiones diferenciadas. Una primera de viernes tarde donde se tratarán temas cómo: los archivos durante el franquismo, las restricciones de acceso que han pervivido en democracia, los “papeles de Salamanca”, el acceso a los archivos de los ministerios de Exteriores y Defensa y los problemas que esto plantea a los investigadores y en todos los temas referentes a la memoria histórica. Por su parte, la segunda sesión, de la mañana de sábado, estará centrada al analizar la evolución legal, tecnológica, material y humana de los archivos en los casi 40 años de democracia.

Y, finalmente, acabaremos con una mesa redonda donde intentaremos apuntar las respuestas y las soluciones técnicas que los archiveros disponen en su bagaje para hacer frente a los retos democráticos que la sociedad actual tiene planteados.

Esperamos, sinceramente, que el tema de estas VII Jornadas de AsF, ARCHIVOS, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA, sea de vuestro interés y que os animéis a participar y asistir a las sesiones que, durante dos días, se desarrollarán en el Museo Marítimo de Barcelona el próximo otoño. Estad atentos a las redes sociales y a nuestra futura web donde, puntualmente, iremos informando de todo lo referente a las VII Jornadas de AsF.

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